“Cuando me divorcié acordé unas condiciones tanto en la pensión alimenticia de mi hija como en la compensatoria de mi ex-mujer, pero al poco tiempo tuve que cerrar la empresa y no pude hacer frente a los gastos, así que finalmente pedí una modificación de las medidas”, relata Juan -nombre ficticio-. Como él muchos aragoneses se han visto forzados a rebajar las pensiones que pasaban a sus hijos. “La gran mayoría lo hacen porque han perdido el empleo o porque se les ha acabado el paro”, detalla Javier Valero, abogado de Familia.

Sin embargo, conseguir una reducción no es nada sencillo. “Hay que demostrar que no se tienen ingresos o que han disminuido considerablemente, ya que algunos podrían intentar menguarla sin que hubiera cambiado su situación”, sostiene Mirta Manrique, abogada de Familia. En Aragón se pidieron 601 modificaciones de medidas, un 60% más que antes de que comenzara la crisis en 2008. “En ellas no están solo las relativas a las pensiones, también se incluyen otras como las de custodia”, explica Valero.

No obstante, las relacionadas con las pensiones son las que más han aumentado. “Ha habido un despunte considerable en estos últimos años, desde mi experiencia, sin ninguna duda, han crecido más de un 20%”, sostiene Manrique. En la misma línea se muestra Valero, que destaca que mientras antes de la crisis recibía una petición de rebaja de pensión por cada tres o cuatro divorcios, ahora la estadística es totalmente inversa.

Pero no todas pasan por un abogado. “Hay muchos divorciados que deciden ponerse de acuerdo y, por lo tanto, no es necesario acudir a los letrados, aunque siguen siendo más aquellas en las que los ex-cónyuges no están de acuerdo”, detalla Valero. Concretamente, el 30,37% de las modificaciones de medidas que se aprobaron en 2013 fueron consensuadas. Además, existe la posibilidad de acudir a un abogado de oficio. «Es gratuito y si no se tiene posibilidad de pagar a los hijos lo normal es que acudan a ellos», describe Manrique.

En cuanto a las resoluciones también están cambiando las cosas. “Anteriormente si un padre alegaba que se había quedado en el paro para reducir la pensión casi ningún juez lo aceptaba, puesto que consideraban que tenían dos años por delante para encontrar empleo”, sostiene Manrique. Sin embargo, ahora hay muchos parados de larga duración, “por eso sí que se tiene en cuenta esta situación y casi siempre se acepta”.

Como consecuencia de este aumento de modificaciones de medidas,los juzgados de familia de Zaragoza se encuentran saturados. Tal y como destacó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, “los tres juzgados de Familia tuvieron una intensa actividad durante 2013, lo que provocó algunas dilaciones en los trámites”. Por ello pide la creación de un nuevo juzgado de Primera Instancia, con competencias en materia de Familia.

“Actualmente hay de seis meses a un año de retraso en estos juzgados”, expone Manrique. Prueba de ello es el caso de Juan, que lleva casi un año desde que presentó la modificación de medidas. “En septiembre de 2013 le di a mi abogado todos los papeles para que la presentara, sin embargo, todavía no he recibido ninguna noticiay he tenido que dejar de pagar algunas pensiones porque no puedo hacerme cargo”, relata.

“Al dejar de pagar, mi ex-pareja me denunció, tanto por su pensión compensatoria como por la de alimentos de mi hija”, detalla. Y es que actualmente cerca de 600 padres dejan de pagar la pensión a sus hijos en Aragón. “Muchas mujeres vienen a consultarte sobre el impago de pensiones, ya que es otro de los efectos de la crisis”, expone Felipe Mateo, abogado de Familia. Por ello, lo recomendable es interponer la modifiación de las pensiones antes de dejar de pagar. «Hay mucha gente que piensa que con no pagar es suficiente, sin embargo, lo que hay que pedir es una modificación de medidas, porque si no tiene consecuencias penales, civiles, e incluso, se puede llegar a la cárcel”, especifica Mateo.

Otras opciones

“Cuando no se tiene ningún ingreso o se cobra solamente la ayuda de los 400 euros muchos jueces están dando la posibilidad de suspender la pensión”, explica Javier Valero. Además, detalla que en estas situaciones debe haber un seguimiento continuado. Otra opción es que el juez proponga una pensión mínima de 50 o 100 euros, «que es lo indispensable para que el hijo pueda comer».

También existe desde el año 2008, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, un fondo regulado por el Ministerio de Economía y Hacienda. “De él se pueden beneficiar aquellas familias que tienen que cobrar una pensión de alimentos, que han intentado ejecutar la sentencia de divorcio pero sus ex-parejas no pueden pagarles”, explica Javier Valero.Con ella llegas a cobrar 100 euros al mes, con un máximo de 18 meses.

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ZARAGOZA. Francisco Javier L. C., de 30 años, y David R. C., de 29, reconocieron ayer haber comprado 27 billetes de 20 euros falsos y aceptaron ser condenados a sendas penas de dos años de cárcel cada uno y al pago de 800 euros de multa. Los dos jóvenes, que inicialmente se enfrentaban a cuatro años de prisión cada uno y al pago de multas de 1.500 euros, prefirieron declararse autores de los hechos y lograr de esta manera que la Fiscalía rebajara su pena en dos grados. La representante del Ministerio Púbico tuvo en cuenta, como le planteó la abogada defensora, Mirta Manrique, que los imputados no llegaron a poner en circulación los billetes falsos y que no era una excesiva cantidad (720 euros).
Los acusados, de 29 años y sin antecedentes penales, fueron detenidos a las 4.15 del 17 de mazo de 2013, en la avenida de la Industria, del barrio de Santa Isabel, después de que una patrulla de la Policía Nacional los observara en el interior de un vehículo manipulando algo que resultó sospechoso para los agentes. Cuando estos registraron el turismo, hallaron en su interior un fajo de billetes de 20 euros que, al inspeccionarlos detenidamente, comprobaron que no tenían las marcas de seguridad normales en la moneda de curso legal.
Al ser interrogados, dijeron que los habían adquirido en una discoteca de Irún (Guipúzcoa) a un joven marroquí que se los ofreció a siete euros cada uno y pagaron un total de 360 euros. En su descargo, añadieron que no eran conscientes de lo que hacían, y que no llegaron a utilizar ningún billete en el mercado.

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Pero el herido no tenía intención de irse sin pagar. «Mi amigo se hallaba en la caja y estaba a punto de abonar mi compra y la que él había hecho», relató ayer el lesionado, que compareció en un juicio en el Penal número 5.

«Mi cliente estuvo cuatro días hospitalizado y 143 impedido para trabajar por un bote de espray que solo valía dos euros y que iba a pagar de todos modos», explicó ayer su letrada, Mirta Manrique.

Los clientes se enfrentaban a dos años de cárcel por robo con violencia y una falta de lesiones, al tiempo que el ciudadano chino estaba acusado de un delito de lesiones por el que le hubiera correspondido un año de prisión. Sin embargo, los abogados de los compradores, Mirta Manrique y José Cabrejas, llegaron a un acuerdo con el fiscal.

Así lograron que la cárcel se transformara en sendas multas de 180 euros para los clientes (por falta de lesiones y hurto). Por su parte, el dueño del bazar fue condenado, por un delito de lesiones, a 540 euros de multa y a indemnizar al herido con 1.500 euros.

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Se enteraron de que el propietario había fallecido y se colocaron en una vivienda de Movera para ‘echar un vistazo’. Pusieron las dos plantas patas arriba, pero el único objeto de valor que llamó su atención fue un viejo piano vertical. Pesaba 200 kilos, pero se lo cargaron a la espalda y lo bajaron por las escaleras hasta la puerta con la intención de subirlo a la furgoneta. Sin embargo, debieron de pensar que el esfuerzo había sido importante y había que retomar fuerzas, porque cubrieron el botín con una sábana y se fueron almorzar. Un par de horas después, regresaron a la vivienda con intención de apoderarse del pesado instrumento. Pero sus planes se fueron al traste, porque un vecino les vio merodeando por la zona y avisó a los nuevos dueños.

Tampoco es extraño que esta persona sospechara, porque los ladrones eligieron como escenario del golpe una vivienda ubicada en plena calle Mayor. Estuvieron toda la mañana por el barrio y su poco estilizada figura no pasó inadvertida para los oriundos. El vecino llegó a tomar la matrícula de su vehículo y se la pasó a la Policía, que aguardó paciente su regreso y procedió a su detención.

Los tres cacos, Indalecio Gutiérrez, Máximo Sánchez y Adán Borjatenían que haberse sentado ayer en el banquillo de los acusados. No en vano, la fiscalía les imputaba un delito de robo con fuerza en vivienda habitada y pedía prisión para ellos. Tres años y siete meses para el último, que es reincidente, y dos años y medio para los otros dos. Sin embargo, sus abogados, Javier Elía y Mirta Manrique, lograron un acuerdo con el representante del ministerio público y la vista no llegó a celebrarse, ya que los acusados aceptaron un año de prisión como condena.

En concepto de responsabilidad civil, se pedía que los ladrones indemnizaran conjunta y solidariamente a los perjudicados con 1.670 euros. Para conseguir que el fiscal aceptara el acuerdo, el reincidente tuvo que adelantar 400 euros, lo que sirvió para apreciarle la atenuante de reparación del daño. Ahora, entre todos tendrán que pagar el resto.

En principio, los acusados eran cuatro, ya que también se había vinculado con el intento de robo al dueño de la furgoneta utilizada para perpetrar el golpe. Sin embargo, se demostró que este no había estado presente en la casa y el fiscal terminó retirando la imputación.

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Tres décadas jugando sorteo tras sorteo al mismo número de la lotería nacional y cuando por fin escuchan el 26.575, la suerte no les acompaña. Y no porque esta vez no hubieran comprado el boleto, sino porque la mujer que se encargaba de adquirirlo en una administración de Zaragoza para sus hermanos y una cuñada, que viven en Jarque de Moncayo, decidió apropiarse de los 180.000 euros de premio. Denunciaron lo ocurrido y ahora una sentencia ha condenado a la hermana que no participaba en los sorteos a un año de cárcel y la devolución del premio.

Según la sentencia, resulta probado que la acusada, Isabel Gran Marco, llegó a un acuerdo verbal en el año 2000 con sus hermanos, Mercedes y Javier, y su cuñada para comprarles todas las semanas en la administración de lotería San Miguel el número que estos llevaban tiempo jugando y que antes podían comprar en el propio municipio.

Isabel era la depositaria de los décimos y cobraba los reintegros y premios menores que iban tocando, liquidando periódicamente con sus hermanos lo que le debían. Eso era así hasta que el 22 de marzo de 2008 se celebró el sorteo en el que salió ganador su número.

Entonces, la acusada intentó llegar a un acuerdo con su cuñada y sus hermanos para dividir el premio en cuatro partes, pero finalmente no salió adelante y esta decidió guardar los billetes de lotería premiados durante dos meses en una caja de seguridad de una entidad financiera. Pasado este tiempo, cobró los 180.000 euros, en mayo del mismo año, e ingresó el premio en tres partes en una cuenta corriente a nombre de su marido y sus dos hijos.

El 20 de octubre de ese mismo año, su cuñada presentó denuncia contra la acusada por un delito de apropiación indebida, y sus hermanos Merdeces y Javier pusieron una demanda civil. Las acusaciones particulares, ejercidas por la letrada Mirta Manrique Cester y el abogado Javier Forcén Ruiz, pedían para ella tres años y medio de cárcel.

Durante la celebración del juicio, Isabel aseguró que había comprado ese número para ella y sus hijos. Sin embargo, sus palabras contradecían el testimonio del titular de la administración de lotería, que dijo que esta, alguna vez, le había comentado que no le pagaban la lotería. Sin embargo, el juez considera que no queda acreditado el impago de los boletos, ya que es una cuestión que no fue alegada por la acusada en ningún momento. Incluso, llegó a declarar el padre de los afectados, que corroboró que su hija Isabel no jugaba a la lotería y que cuando tocó el premio dijo que ella no iba a quedarse sin nada.

El fallo condena a la acusada a un año de prisión por un delito de apropiación indebida, que es punible por su cuñada y no por sus hermanos, ya que en este caso se aplica el artículo 268 del Código Penal, por el que los hermanos están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los delitos patrimoniales que se causen entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación.

Además, la acusada deberá indemnizar a los tres demandantes con 60.000 euros cada uno más los intereses legales, así como abonar las costas del juicio y las de la acusación particular de la cuñada. La sentencia puede recurrirse.

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